«Cuanto menos funcione el Estado, el narco tiene más facilidad de ocupar territorio, imponer su ley y castigar»

La historiadora y socióloga Milda Rivarola analiza el proceso de violencia que derivó en el atentado en San Bernardino y cómo puede impactar en las elecciones de 2023.

0
433
Milda Rivarola (ilustración: Noako Okamoto & Jazmín Troche)

Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un ataque de sicarios la noche del domingo 30 de enero en un festival de música en la ciudad de San Bernardino, a unos 50 kilómetros de la capital. Para la analista política Milda Rivarola, este atentado no debe tomarse como un hecho aislado sino como parte de un proceso de violencia que solo va a empeorar. En una entrevista colectiva con el equipo de El Surtidor, Rivarola desmenuza el funcionamiento de los grupos paraestatales como el narco, así como sus orígenes y vínculos con el poder político y empresarial. También reflexiona sobre el impacto que esto puede o no tener sobre las elecciones generales de 2023. Y adelanta que la disputa por el poder no es ni por asomo ideológica, sino sobre cómo se reparte el botín: un modelo de corrupción centralizada representada por el cartismo versus un modelo de corrupción feudalizada, que adoptó el presidente Mario Abdo.

¿Cuál es tu lectura sobre el atentado en San Bernardino?

Habría que entender para eso lo que sucede en el Norte. Ahí hay, desde hace 15 años o más, al menos tres grupos «paraestatales»: están armados, controlan un territorio, tienen un objetivo, establecen relaciones -de protección o terror- con la comunidad circundante, tratan de imponer «su ley», con conflictos entre ellos mismos: el EPP, el sicariato organizado y el comercio de la droga y la producción de marihuana. Más tardíamente, se suma la Fuerza de Tarea Conjunta. 

Actúan bajo el supuesto de que no hay Estado, o es muy débil, que ellos asumirán roles del Estado. Y son expansivos. Hoy están en la mitad norte de la región Oriental, pero con tendencia a expandirse, allí donde el Estado no funciona, o es manejable con corrupción. Cuanto menos funcione el Estado paraguayo, más facilidad tiene el narco de ocupar territorio, crear e imponer su ley y castigar. Los asesinatos son castigos por desobedecer «la ley» u oponerse a los intereses de estos grupos paraestatales.

Tiene que ver con la ausencia o debilidad del Estado paraguayo, no solamente en políticas sociales o infraestructura, también en garantizar seguridad e imponer el imperio de la ley. El sector de seguridad está muy «perforado» por el crimen organizado.

¿Qué tan a propósito es esa debilidad y en qué momento comienza esa relación entre fuerzas de seguridad y «fuerzas ilegales»? ¿Es con el Gral. Andrés Rodríguez?

En realidad, la droga -o la protección a los narcos- era el negocio de altos jefes militares desde los años ‘70, compartida con algunos ministros de Stroessner. Era un negocio que estaba centralizado en pocas personas, pero la transición genera el debilitamiento político del Ejército y la aparición de grupos privados, nacionales o de origen brasileño.

A Paraguay antes venían los nazis y criminales buscados por la Interpol, ahora llegan los antivaxxer; si están prófugos, huyendo del control de otros Estados, llegan acá y si encuentran algún poder estatal, lo corrompen. Es la razón por la cual los criminales brasileños prefieren estar en cárceles paraguayas, saben que, con sobornos, aquí pueden conseguir todo. Acá pueden ser protegidos por un intendente, un gobernador, el jefe policial, un fiscal o un juez. Se está corrompiendo prácticamente toda la estructura -centralizada y descentralizada- del Estado.

En una de sus últimas intervenciones, Galaverna dijo que en el 2023 se disputan dos «modelos de vida», que el enemigo no son los liberales ni la oposición, sino un modelo que busca la anarquía, la «degeneración sexual», un discurso similar al de la derecha de Brasil y de Trump. ¿Creés que ese discurso puede movilizar votos en cierta dirección?

El primer discurso de Cartes, con el que ganó en el 2013, era un discurso empresarial tecnocrático. Se demostró que ni eso era verdad, con toda la corrupción e ineficiencia en lavado de dinero, contrabando de tabaco, construcción de viaductos de mala calidad, del metrobús. Hace unos dos o tres años el cartismo cambió de discurso, adoptó uno -asesorado por sus técnicos de imagen- más que espontáneo. Tienen varias empresas que monitorean la opinión pública y le suministran un discurso apto para el electorado. Pasaron así a adoptar ese discurso de ultraderecha; onda Trump y Bolsonaro, de «dios, familia y propiedad». Es un discurso copiado o fabricado por sus asesores, que tiene impacto en la sociedad paraguaya, muy conservadora. 

Recordarán ese movimiento de la derecha nacionalista generado por la pintata del Panteón de los Héroes. Mandaron no solo coronas de flores, hasta atletas olímpicos fueron a hacer guardia ante el «sagrado monumento». Sucede ahora lo de la caída de dos torretas del Palacio de Gobierno, debido a la ineficiencia de la empresa restauradora. Y ni la SNC -Secretaría Nacional de Cultura- mandó investigar qué tipos de daños hubo, el control mediático que logran es altísimo. Se reacciona a estímulos ideológicos lanzados desde el gobierno, y no se actúa racionalmente ante otro tipo de cuestiones graves, que los afectan y son minimizadas por influencers, bot farms y medios de prensa afines.

Para vos ¿qué es lo que en realidad se disputa de cara al 2023?

Dentro del Partido Colorado, algo que tiene que ver fuertemente con la interna, es la renegociación del anexo C de Itaipú. En Itamaratí estaban muy impresionados, porque durante el gobierno de Lugo ninguna autoridad paraguaya les pidiera dinero. Porque históricamente saben que negociar con Paraguay es de hecho sobornar, y conseguir lo que quieren. Esta renegociación va a ocurrir al comienzo del nuevo gobierno, la pelea de las facciones coloradas tiene relación con eso: los acuerdos bajo la mesa que se darán, en parte porque las movilizaciones en defensa de la energía paraguaya tampoco son muy intensas a nivel local.

Esa interna preelectoral colorada es vieja y reiterativa. Los modelos que ahora se enfrentan son un modelo de corrupción centralizada y del «orden» impuesto por el capo di tutti capi. La centralización de la corrupción implica castigar a quienes escapan al modelo, es la fracción cartista. Para Cartes, el Estado es un negocio infinito y sabe cómo controlarlo, comprando o castigando. El otro modelo es el abdismo, que ganó la interna del 2017, de feudalizar, dividir en partes pequeñas, el botín estatal, a los caciques colorados. Distribuir entre sus grandes aportantes de campañas, o dueños de paquetes de votos, «pedazos» del Estado. Darles la impunidad necesaria para que hagan lo que quieran en sus respectivos pedazos. A la mayoría de los colorados ese modelo les entusiasma, tienen asegurado un pedacito del botín de acuerdo a los votos o el dinero que aportaron antes. Creo que lo que se está discutiendo no son proyectos de Estado, sino un modelo centralizado o descentralizado de repartirse el botín.

Bien, este es el análisis desde los colorados tradicionalistas y cartistas, ¿y desde la oposición?

Hay dos grupos en la oposición que tienen definición más o menos ideológica. Uno de ellos es Frente Guasu, que pese a las rivalidades personales internas –un senador de extracción colorada, como Kencho Rodríguez, defiende derechos indígenas–, respetan relativamente un núcleo mínimo programático, progresista. El otro es Patria Querida, de clara ideología conservadora y de derechas. 

Con los liberales es más confuso, sin debate ni discursos programáticos en las últimas décadas. Ahí no hay ningún debate ideológico: Efraín acusando al gobierno de corrupción y su rival Llano acusando a Efraín de haber robado, parece una «internita» colorada teñida de azul.

¿Pensás que hay una oportunidad, en esta escalada de violencia en la capital, para trabajar por un mayor nivel de conciencia e incluso movilización contra la narcopolítica?

En Paraguay, por la debilidad de su tejido social, mientras no suceda contigo o con tu grupo, los problemas no importan. La violencia del norte: mientras no sucedía en Asunción y Central, era cosa del norte. Recién con la balacera en el Ja’umina de San Bernardino se vio el peligro de la narcopolítica a nivel nacional. Curioso, en ese lugar había casi 250 guardaespaldas privados y ningún policía. El sistema de seguridad del Estado paraguayo es tan inútil que la seguridad está privatizada por quienes pueden pagarla.

Otro tanto sucede con el cambio climático: lo que está sucediendo en el Chaco es espantoso en términos de deforestación y ecocidio. Pero como es en el Chaco, no le importa a la región Oriental… hasta que hay duras sequías, incendios, y se secan ríos y arroyos de esta región, allí pasa a preocupar… y sólo por un tiempo, apenas llueve unos días, todo se olvida.

Hablar de «narcopolítica», «narcoestado», ¿puede tener algún tipo de impacto en las elecciones?

El elector colorado o liberal «cooptable» por algún incentivo sabe perfectamente quién es el o la candidata que vota. No está mal informado. La estructura y el dinero que se mueve el día de las elecciones y en las semanas anteriores es lo que compensa su voto. El caso de Nenecho, o el «number two» de Central, la gente sabía perfectamente a quien votaba, y lo hizo. Los resultados están a la vista. 

Sería interesante investigar la magnitud del narcotráfico, de la narcopolítica, su geografía, sus mecanismos de control de los organismos fiscales o policiales y su altísimo costo a nivel social, cuánta gente mata. El narco es como los bandidos rurales de hace un siglo: ciertamente matan y castigan, pero también protegen, dan trabajo, reparten ayuda a la gente de su zona. No es que son rechazados, muy al contrario. Al formar organizaciones paraestatales, asumen una suerte de protección de su gente y su territorio, complementada con el miedo. Porque a los que se oponen, o los denuncian, los matan a ellos o a sus familias. Hoy, más allá de la palabra «narcoestado» o «narcopolítica», no hay mucha información rigurosa de qué es, que amplitud tiene, qué miembros recluta –fuera y dentro del Estado–, cómo actúa.

¿Cuál es la cuota de responsabilidad de la sociedad en esa avanzada del crimen organizado?

Es curioso. Nadie quiere la embajada en España porque allí hay unos 300 o más compatriotas presos por narcotráfico, en su mayoría mujeres, estarán 25 a 30 años en la cárcel. Para exportar cocaína los narcos utilizan gente pobre y necesitada.

Lo otro es investigar los caminos que usa el narcotráfico. Para traer la materia prima de afuera se siguen usando avionetas, pero el 70 u 80% de la droga dura, cocaína, ahora sale por el flete fluvial, a menudo en contenedores de soja. No es solamente una cuestión de Estado versus narcotráfico, existen agroexportadores que deben estar metidos en eso. Lo que ganaba el usurero González Daher es «mita’i recreo» al lado del dinero que se maneja en el negocio de la droga.

Ese sector empresarial durante mucho tiempo también ha estado vinculado a la patria contratista, ¿cómo es que construyó tanto poder y legitimidad sin siquiera tener resultados eficientes a la vista?

El origen del gran empresariado local es –fue desde los años ’50– los negocios con el Estado. El Estado paraguayo crea pobreza en un extremo, y empresariado en el otro. Por eso, pese a los plagueos –una suerte de show mediático– de cada inauguración de las Expos, o de cada 8 de diciembre, el empresariado está permanentemente al lado de los gobiernos colorados, fue y es su fuente de capitalización.

La mayor fuente de «recaudación» del gobierno, y de enriquecimiento de contratistas –además del sector farmaceútico– es el sector de obras públicas. Los porcentajes de coima son de 20 a 30% del total del costo. Y sigue siendo el más impune, el menos investigado por las cuatro o cinco instituciones anticorrupción que tiene el Estado.

¿La disputa por la tierra va a seguir siendo una de nuestras principales disputas?

Durante el estronismo, se cambió el Código Agrario para legalizar la venta de tierras fiscales a no campesinos, a especuladores, a ministros, militares, parlamentarios, parientes o amigos. Desde 1989, el resto de las grandes extensiones fiscales estaba en el Chaco. Y los pactos políticos de la transición fueron «aceitados» por distribución de tierras chaqueñas a políticos y parlamentarios, o a sus familias. Y no sólo colorados, hay opositores que fueron beneficiados por el IBR-Indert a cambio de votos en el Congreso. Parte de la deforestación salvaje que está sufriendo el Chaco tiene que ver con que eso entró al mercado especulativo-político.

Fuente: El Surtidor