«Dios, patria y familia. La frase puede parecer trillada, pero es muy importante para el desarrollo de la nación y para eso, hoy necesitamos apostar a los valores», dijo la diputada colorada Rocío Abed de Zacarías en una de sus intervenciones durante la última campaña electoral. Integrante del Clan Zacarías, que gobernó Alto Paraná por 20 años y se enriqueció gracias al dinero público, la legisladora instrumentalizó a su favor el discurso antiderechos y logró su reelección en la Cámara de Diputados. Abed de Zacarías es una de las desinformantes de género que operan desde el este del país, con incidencia nacional.

La desinformación es un problema que se profundiza a nivel global, afectando políticas públicas y derechos humanos. Pero, ¿qué es exactamente? La Comisión Europea define la desinformación como «información falsa, inexacta o engañosa que se crea, presenta y difunde deliberadamente para obtener un beneficio económico o para engañar a la audiencia, y puede dañar la confianza en las instituciones y procesos democráticos, así como en la toma de decisiones individuales». 

Las redes sociales se convirtieron en espacios donde circula todo tipo de contenido de forma masiva, generando una saturación de información ¿Cómo saber si es veraz o no? La desinformación puede partir de un contenido genuino, usado fuera de contexto. No son noticias, son rumores, imágenes manipuladas, audios fabricados… Muchos de estos contenidos llegan directamente por chat al Whatsapp, Telegram u otras aplicaciones de mensajería instantánea. Cada vez más personas se informan a través de las redes sociales e internet en un contexto de crisis de credibilidad de los medios masivos de comunicación y las instituciones estatales. 

En Paraguay, un país donde siete de cada diez estudiantes no entienden lo que leen, las campañas de desinformación se expanden como reguero de pólvora. Una de las campañas de desinformación más instaladas ataca directamente el concepto de género, una herramienta de análisis de las ciencias sociales, mediante la difusión mediática de la frase «ideología de género», referenciada como contenido prohibido en la enseñanza mediante la Resolución Nro. 29.664 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pero sin una definición clara. 

La prohibición del uso de una herramienta de análisis de las ciencias sociales en la educación paraguaya por parte del MEC es el resultado de la acción de grupos antiderechos con una estrategia clara: campañas de desinformación de género. Alto Paraná es un territorio donde estos grupos controlan instancias de decisión municipal, departamental e incluso, con incidencia nacional. 

La desinformación de género, una estrategia de incidencia de antiderechos

Los grupos antiderechos configuran un ataque sistemático y coordinado a las políticas sociales en Alto Paraná, mediante una estructura que articula diversos actores. En el ámbito social y comunitario, se aglutinan y operan desde el Movimiento Por la Vida y la Familia – Paraguay, Frente Nacional Pro Vida y Pro Familia Paraguay, la Iglesia Católica, Centro Familiar de Adoración (CFA) y otras iglesias cristianas. En el ámbito educativo, cuentan con la Federación Padres en Acción y la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Alto Paraná (AIEPAP) y en el ámbito político se articulan fuertemente con el Partido Patria Querida y la Asociación Nacional Republicana (ANR), específicamente el Cartismo. 

Con esta estructura, convocan a marchas contra la «ideología de género», cuestionando planes ministeriales del ámbito educativo, la niñez y la adolescencia. Así, lograron incidir en instancias de poder público, entre los que se identifican el Consejo Departamental de la Niñez y la Adolescencia de Alto Paraná, municipalidades y la Gobernación de Alto Paraná, Mesa Técnica de Padres del MEC, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de Educación y Ciencias, Cámara de Diputados  y Cámara de Senadores.     

De este modo, autoridades gubernamentales, funcionarios públicos y empresarios de la educación, lograron ocupar espacios de poder con campañas de desinformación de género y discursos de odio. Atacaron el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, el Plan Nacional de Transformación Educativa y una Guía de Intervención ante Vulneración de Derechos Sexuales y Reproductivos en el ámbito educativo, en un país con la más alta cifra de embarazo adolescente del Cono Sur y donde el 85% de los casos de abuso sexual infantil ocurren en el entorno familiar. 

Voceros del odio: ¿quiénes son? 

Dannia Ríos Nacif, la arquitecta jurídica del discurso antiderechos

Una referente visible del movimiento provida en Alto Paraná y que logró notoriedad nacional, es la abogada Dannia Ríos Nacif. Su formación en el ámbito del Derecho la convirtió en arquitecta del argumento jurídico para el discurso antiderechos. Es asistente fiscal en el Ministerio Público de Ciudad del Este y fundadora del Partido Nacional Vida y Familia. Siendo funcionaria judicial, se candidató a senadora en las elecciones generales del 2023. El Puente intentó verificar si la Fiscalía tomó medidas por el caso, pero negaron información en Recursos Humanos y Fiscalía Adjunta de Ciudad del Este. Ante la negativa, este medio formuló una solicitud vía mail a la Oficina de Información Pública de la Fiscalía, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Ríos Nacif da cursos y talleres con padres y madres de familia en escuelas y colegios, públicos y privados. Cobra entre 50.000 y 100.000 guaraníes a cada uno de los participantes de la mayoría de sus cursos. Tiene también una activa presencia en redes sociales, Facebook y Twitter, publica gran parte de su contenido en horario laboral siendo funcionaria pública. 

En sus publicaciones, instala una narrativa contra el enfoque de género, mencionando artículos de la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal, fuera de contexto. En sus presentaciones en charlas, manipula estadísticas para minimizar la violencia hacia las mujeres. Actualmente, es Presidenta del Consejo Departamental de la Niñez y la Adolescencia en Alto Paraná y usa el cargo para acceder a las instituciones educativas e instancias deliberativas del Estado.  

Sandra Miranda, la articuladora departamental 

Junto a Dannia Ríos Nacif, operó la exconcejal departamental de Alto Paraná, Sandra Miranda del Partido Patria Querida. La edil fue designada por el gobernador, Roberto González Vaesken (ANR), para gestionar los asuntos de niñez y adolescencia. Miranda también forma parte de la directiva del Consejo Departamental de la Niñez. Como referente del movimiento provida y familia, reivindicó el «derecho a discriminar» en una audiencia pública donde se discutió el Plan Nacional de Transformación Educativa. 

Georgia Nani Arrúa, la exsenadora antiderechos 

La exsenadora Georgia Nani Arrúa, también de Patria Querida y oriunda de CDE, cercana a Sandra Miranda, fue una parlamentaria que ejerció presión al Ministerio de Educación para sancionar a docentes por enseñar con enfoque de género. De este modo, sentó un precedente de persecución a educadores que incluyan el concepto de género en sus contenidos de enseñanza. Junto con activistas antiderechos, hicieron presión mediática con desinformación logrando que el MEC emitiera un memorando recordando la vigencia de su resolución que prohíbe la «ideología de género». 

Diva Riquelme, nueva figura

En la misma línea, surgió durante la campaña de las últimas elecciones generales, la figura de Diva Riquelme, candidata a diputada por el Partido Patria Querida. Abogada, escribana, masteranda en Derecho Civil, utilizó la desinformación de género para sumar votos. Actualmente, crea contenido en Tiktok y Twitter, desinformando sobre el proyecto de Ley contra Toda Forma de Discriminación. Contradictoriamente, su propia familia critica su postura discriminatoria y antiderechos. 

Rocío Abed de Zacarías, la corrupción camuflada

Rocío Abed de Zacarías es diputada cartista por el Partido Colorado y fue reelecta para el mismo cargo en los últimos comicios generales. Pese a tener  una postura antigénero, es presidenta de la Comisión de Equidad Social y de Género de la Cámara de Diputados. En 2022, presentó un proyecto para pedir la interrupción del proceso de construcción del Plan Nacional de Transformación Educativa, respondiendo a los sectores antiderechos. Se posicionó como política «defensora de la vida y la familia», camuflando así su imagen corrupta como  parte del Clan Zacarías, que se enriqueció ilícitamente luego de gobernar por 20 años en Alto Paraná.      

Martín Núñez y Obdulio García, empresarios de la educación

En el ámbito educativo e instancias deliberativas sobre derechos de infancias y adolescencias, tiene notable presencia Martín Núñez Da Silveira, director del Colegio Privado Bautista de Ciudad del Este, referente del Movimiento Por la Vida y la Familia, miembro del Consejo Departamental de la Niñez y la Adolescencia, del Consejo Departamental de Educación e integrante de la Mesa Técnica de Padres del MEC, en representación de la Asociación de Instituciones Educativas de Gestión Privada (AIEPAP). Además de oponerse al concepto de género, también cuestiona la participación protagónica de infancias y adolescencias. El colegio que dirige registró en mayo de 2022 una amenaza de tiroteo por parte de dos estudiantes. La respuesta institucional fue la expulsión de los dos adolescentes presuntamente involucrados en el hecho.    

Núñez es un vocero y articulador de grupos antiderechos junto a Obdulio García, director del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de Ciudad del Este, presidente de la AIEPAP, referente del Movimiento por la Vida y la Familia, tesorero del Consejo Municipal de Educación de CDE y también miembro del Consejo Departamental de la Niñez y la Adolescencia. El colegio dirigido por García también estuvo en el ojo de la tormenta en mayo de 2023 por denuncias de bullying, discriminación, maltrato de docentes e incluso el propio director fue acusado por acoso sexual, según el testimonio de estudiantes publicados en redes sociales. El caso no tuvo intervención de institución alguna y el colegio emitió un comunicado deslindando responsabilidades.  

La AIEPAP es la Asociación de Instituciones Educativas de Gestión Privada de Alto Paraná, que aglutina a 17 colegios privados del departamento. A través de esta instancia, se organizaron seminarios contra el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, el Plan Nacional de Transformación Educativa y marchas contra «la ideología de género».  

Todos los nombres mencionados asumen un rol activo como desinformantes de género desde Alto Paraná, con alcance nacional. Controlan el Consejo Departamental de la Niñez, que tuvo pocas sesiones desde su reactivación y no se reúne desde enero del 2022. A nivel nacional, controlan la Mesa Técnica de Padres, una instancia creada por el MEC para dar participación a padres, madres y tutores en la formulación de políticas educativas. Logran incidir en municipalidades y la Gobernación de Alto Paraná, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Educación y Ciencias, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.     

En las últimas elecciones generales, varios de estos desinformantes de género se candidataron a cargos electivos y usaron el discurso antiderechos para sumar votos. 

***Este material fue elaborado en el marco de la beca Desinformación y discursos de odio en el Cono Sur, otorgada por Revista Emancipa Paraguay con apoyo de Internews.

Reportaje: Sofía Masi
Edición: Romina Cáceres
Ilustración: Rodrigo Sosa.