El conversatorio tuvo como temática central: “Experiencias estatales inclusivas para el acceso a derechos de personas trans”. Es una iniciativa de Panambi, integrada por personas trans de los 17 departamentos del país con apoyo de Fondo de Mujeres del Sur.
“El proyecto se viene haciendo cada año con el Encuentro Nacional Trans donde participamos de los 17 departamentos. Como este año no se pudo hacer el encuentro por la pandemia, decidimos hacer estos conversatorios como un Plan de Incidencia que busca conversar con las autoridades sobre los derechos que nos son negados, como salud, educación, acceso al trabajo, a la identidad”, comenta Vicki Acosta, presidenta de la Asociación Panambi.
En el conversatorio realizado este viernes en Ciudad del Este, sólo participó un funcionario público, en representación del director de la Penitenciaría de varones de Ciudad del Este. La invitación fue enviada a la Décima Región Sanitaria (sede regional del Ministerio de Salud), la Municipalidad, Ministerio Público y la Defensoría Pública. Sin embargo, ningún representante de estas instituciones participó del espacio de diálogo.
“No estuvieron de la Municipalidad. Es una lástima porque queríamos saber cómo las compañeras pueden acceder a los dispensarios médicos, que conozcan la Resolución sobre el respeto a la identidad. Es que hay quienes no quieran acceder por discriminaciones”, cuenta Vicki Acosta.
Y agregó: “Es muy triste, porque creemos que en base al diálogo vamos a conocer más, queremos que sepan que no es lo que se vende sino que hay derechos que nos siguen negando”.
Herramientas de inclusión para la población trans
Durante el encuentro, participaron personas trans de Ciudad del Este y Alto Paraná, quienes pudieron acceder a información detallada sobre resoluciones vigentes que les protegen de discriminaciones y violencias cuando acuden a determinadas instituciones del Estado.
Entre estas normativas está la Resolución 695, del respeto a la identidad en los servicios de salud dependientes del Ministerio de Salud. También está la Resolución 1297 de la Defensoría Pública, que aprueba un protocolo de atención a personas LGTBI. Además, está vigente la Resolución 744 que establece un protocolo para el tratamiento de personas trans privadas de libertad.
Todas estas resoluciones son una conquista de las organizaciones LGTBI y de derechos humanos de Paraguay que reivindican la necesidad del respeto, la igualdad, la no discriminación y la inclusión en todas las instituciones del Estado.
